BOGOTA (Reuters) - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, objetó el jueves una reforma constitucional para descongestionar y modernizar el caótico sistema judicial del país debido a que en el proceso de conciliación en el Congreso se introdujeron privilegios para los parlamentarios.
El mandatario también denunció que los congresistas que participaron en la conciliación para unificar los textos aprobados en el Senado con los de la Cámara de Representantes introdujeron beneficios para ex funcionarios del Estado y que de sancionar la reforma quedarían en libertad provocando un caos a la justicia.
Es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente objeta una reforma constitucional y la devuelve al Congreso para que se corrijan los errores que a juicio del Gobierno se introdujeron en la etapa de conciliación que no contó con la presencia del ministro de Justicia.
"Mañana devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia y que he recibido para su promulgación", dijo Santos en una alocución por radio y televisión.
"Queríamos y queremos una reforma constitucional a la justicia para que ganen la justicia y la transparencia y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados o para generar un caos", advirtió.
La comisión de conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nacional la competencia para investigar en los procesos penales contra ministros, magistrados de las altas cortes, embajadores, gobernadores y generales de las Fuerzas Armadas.
COMPETENCIA DESBORDADA
Santos sostuvo que la comisión desbordó su competencia porque el Senado y la Cámara decidieron durante los ocho debates de discusión y votación de la reforma mantener la competencia de la Fiscalía General para investigar a los altos funcionarios del Estado.
El mandatario advirtió que de sancionar la reforma, la Fiscalía se vería obligada a paralizar unas 1.500 investigaciones contra funcionarios y ex funcionarios, algunos de los cuales están encarcelados y podrían quedar en libertad.
"Esto tendría gravísimas consecuencias para la administración de justicia, para la lucha contra la corrupción y la impunidad, con lo cual tendríamos un verdadero colapso de inmensas proporciones, Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno", advirtió.
De acuerdos con expertos, antiguos funcionarios del Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe investigados por corrupción y por interceptaciones ilegales de comunicaciones a magistrados, periodistas y políticos de la oposición, podrían quedar en libertad con la reforma aprobada por el Congreso.
Una de las mayores críticas que provocaron los cambios en la conciliación fue el debilitamiento de la pérdida de investidura que se había establecido como castigo a los congresistas al introducir la doble instancia, incluso en procesos penales, lo que en la práctica dificultaría y prolongaría cualquier proceso contra los parlamentarios.
"Infortunadamente y después de todo este gran esfuerzo, el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia", dijo Santos quien aseguró que asumirá las consecuencias políticas de devolver la reforma al Congreso.
"Tengo el deber de impedir que esto prospere (...) No ha sido una decisión fácil. Pero la buena salud de la justicia y nuestro compromiso con la transparencia y contra la corrupción están por encima de todo", concluyó.
(Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Carlos Aliaga)
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