El Ombudsman panameño, Ricardo Vargas, pidió este martes "una moratoria a la actividad minera hasta que el país tenga la institucionalidad suficiente", en momentos en los que el gobierno anuncia planes de licitar gigantescos yacimientos y aspira a cambiar la ley minera.
En declaraciones a la cadena televisiva TVN-2, Vargas recordó que empresas con concesiones mineras en el país habrían producido algún "desastre", habrían incurrido en el "impago de las multas" y no habrían cumplido los estudios de impacto ambiental.
El gobierno panameño anunció su intención de licitar un yacimiento de cobre con reservas estimadas en 17 millones de toneladas, equivalentes a tres años de la producción chilena, la mayor del mundo, o al 85% de la demanda total mundial prevista para 2011.
Poco después de revelar los planes de licitación de Cerro Colorado, en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, el gobierno envió al Congreso, de mayoría oficialista, un proyecto de reforma del código minero en la que se incluyen nuevas normativas ambientales para incentivar la inversión extranjera.
"Este no es un problema solo de indígenas y campesinos que están en las zonas afectadas, sino que es un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo en plena crisis ambiental del planeta", dijo este martes a la AFP la directora de la fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield.
Según grupos ambientalistas, el 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.
El lunes, el vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, también pidió una moratoria. "Le he recomendado al presidente (Martinelli) que, así como vamos a ratificar esta reforma del código minero, cesemos de dar cualquier tipo de concesión adicional", dijo Varela.
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